El Caso Scala. Un proceso contra el anarcosindicalismo




Los sucesos relacionados con el llamado Caso Scala constituyen un proceso de capital importancia en la historia reciente del Movimiento Libertario en general y de la CNT en particular. En la CNT, una organización que se había reconstruido tan sólo dos años antes, después del largo período de la dictadura franquista, que se hallaba inmersa en una fuerte tensión entre diferentes tendencias internas que pugnaban entre sí, compuesta en su inmensa mayoría por jóvenes recién llegados a quienes sobraba entusiasmo y faltaba formación y experiencia, aquellos acontecimientos supusieron un duro golpe que no logró recuperarse. Aquellos sucesos siguen sin esclarecerse plenamente.

¡Arde el Scala!

Poco después de las trece horas del domingo 15 de enero de 1978 se desencadenó un enorme incendio que destruyó por completo la sala de fiestas Scala de Barcelona. Al asombro que causó el suceso hubo que sumar el estupor por las muertes de cuatro trabajadores –Ramón Egea, Bernabé Bravo, Juan López y Diego Montoro– que se encontraban en el local en aquellos momentos, y que perecieron víctimas de las llamas o por asfixia, debido a los humos y gases provocados por el fuego. 

Por aquellos días los ciudadanos estaban acostumbrados a las noticias de atentados terroristas. A nadie asombraba el asesinato de policías o militares, los coches-bomba y demás actos que resultaban casi habituales en aquella época. Sin embargo, un atentado contra una sala de fiestas era algo que resultaba inverosímil por lo absurdo y disparatado de la idea. Probablemente por ello en los primeros momentos se aventuraron toda clase de hipótesis. Algunos medios achacaron el atentado a vulgares asesinos, otros lo relacionaron con cuestiones particulares relacionadas con la sala de fiestas, algunos llegaron a establecer una relación con la campaña en pro de la libertad de expresión que por aquel entonces se desarrollaba en solidaridad con el dramaturgo Albert Boadella. Pero la duda y la incredulidad siguió siendo la tónica general para la inmensa mayoría hasta que, tan sólo cuarenta y ocho horas después, el martes día 17 un comunicado de la policía informó de la detención de todos los autores del atentado, a quienes inmediatamente se relacionó con la CNT.1

Efectivamente los detenidos eran todos afiliados a la CNT y poco antes del atentado habían participado en una manifestación que esa organización había convocado para protestar contra los Pactos de la Moncloa. Al finalizar la manifestación –según la policía– los acusados se habían dirigido a la sala de fiestas lanzando contra ella seis cócteles molotov que ocasionaron el incendio y la muerte de los cuatro trabajadores que se hallaban dentro –por cierto todos ellos afiliados a la CNT–. De esta manera quedó establecida la relación de los detenidos con la CNT y el atentado con la manifestación.

Sin duda lo que más sorprende es la insólita eficacia policial que había permitido encontrar a los culpables entre las 10.000 personas que aproximadamente participaron en la manifestación. Cómo consiguió la policía barcelonesa este alarde de perfección es algo que no se llegaría a saber hasta algún tiempo después. En aquel momento sólo dio lugar a toda clase de conjeturas que tenían como común denominador la sospecha de que detrás de todo había gato encerrado. Con el tiempo esa sospecha se acabaría convirtiendo en certeza.

¿Qué pasaba por aquel entonces?

Pero para hacemos una idea de lo que estaba ocurriendo, es necesario analizar siquiera sea a grandes rasgos el contexto histórico en que se desarrollaban los acontecimientos. El año 1978 fue crucial en lo que se ha dado en llamar La Transición. Si los primeros años se caracterizan por una fuerte tensión generada por la presión de los distintos sectores políticos y sociales en un intento de imponer su particular punto de vista y su modelo político y social, eso va dando paso a una segunda etapa caracterizada por el consenso, en donde las fuerzas políticas imperantes se ponen de acuerdo en cuanto a la configuración del nuevo régimen y encauzan el proceso cerrando el paso a cualquier otra vía de desarrollo. El año 1978 será el año en que ese pacto se materializa en sus dos grandes vertientes: el pacto político que dará lugar a la Constitución, y el pacto social que se establecerá con los llamados Pactos de la Moncloa.

Si la Constitución tiene una gran importancia en lo que se refiere a establecer las reglas básicas del juego político, el pacto social tendrá una importancia también trascendental, ya que será lo que permitirá reconstruir la paz social y la disciplina en el mundo del trabajo. Algo sin duda imprescindible en un país en donde la clase obrera había adquirido una gran capacidad de autoorganización capaz de sobrepasar a comités y burocracias sindicales, que era consciente de su fuerza real y que había adquirido una considerable experiencia de lucha en las condiciones extremadamente duras de los últimos años del franquismo. El pacto social era la herramienta necesaria para restablecer una situación de sometimiento, imprescindible para afrontar una crisis económica que se pensaba resolver con un ajuste duro que, por supuesto, debían pagar los trabajadores.

Las grandes organizaciones sindicales CC OO y UGT, en perfecta sintonía con los criterios del PCE y el PSOE asumen el pacto incluso con entusiasmo y hasta lo proclaman como una gran victoria de los trabajadores. La única organización sindical importante que se opone a ese pacto es la CNT. Esta organización que se había reconstruido después de la clandestinidad, había adquirido una importante implantación en el mundo laboral y lideraba un gran movimiento social y cultural que no encajaba en el sistema que se estaba configurando. Pero lo que convertía a la CNT en un peligro potencial no era su fuerza en aquel momento, sino su posible capacidad para encauzar el descontento social que inevitablemente iba a producirse. No olvidemos que en estos años crece desorbitadamente el desempleo, se produce un fuerte incremento de la carestía de la vida y, en general, la calidad de la vida de los trabajadores y de las clases populares sufre un importante deterioro, que no tiene la debida respuesta porque las fuerzas mayoritarias de la izquierda ya han aceptado un pacto político y social y no desean poner en peligro lo logrado. Son los momentos en que se percibe con claridad la posibilidad de un golpe de Estado militar que nos devolviera a la situación anterior. Ante esa disyuntiva la izquierda mayoritaria prefirió pactar para conservar lo conquistado y el precio fue hipotecar la fuerza de los trabajadores y renunciar a la posibilidad de crear un sindicalismo fuerte y autónomo. Pero volvamos al relato de los hechos.

¡A por la CNT!

Los detenidos fueron debidamente acusados y procesados, pero eso no detuvo la operación policial. Muy al contrario, en los días siguientes serían detenidos varios afiliados y militantes de la CNT. El simple hecho de aparecer en la agenda de teléfonos de algunos de los acusados o de una persona relacionada con alguno de los acusados se convirtió en motivo suficiente para ser detenido. Después de ser interrogados y pasar alguna noche en el calabozo, los detenidos eran puestos en libertad sin cargo alguno. Resultaba evidente que la policía no buscaba nada ni a nadie –ya tenían a los culpables– se trataba simplemente de amedrentar a los cenetistas y de ahuyentar de la organización a miles de trabajadores afiliados que, si bien se identificaban con la línea sindical de los anarconsindicalistas, no estaban dispuestos a llegar demasiado lejos en su adhesión, ni mucho menos a desafiar una represión policial de aquella envergadura. La cosa no era de broma, las noticias de nuevas detenciones crearon un ambiente de inseguridad en gran parte de la afiliación. Por otra parte, la certeza de la implicación de la CNT en el atentado fue afianzándose en la opinión pública, lo que provocó un serio deterioro en la imagen de la organización y de los anarquistas por extensión. Si a esto añadimos las noticias de agresiones y asaltos por parte de grupos fascistas, que en aquellos días se incrementaron de forma muy considerable, podemos hacemos una imagen aproximada de la situación. Ser libertario en aquellos momentos se convirtió en algo bastante desagradable. Los medios de comunicación lo hicieron impopular, la policía y los grupos de la ultraderecha lo hicieron peligroso.

Como hemos dicho la represión no sólo fue policial. El caso Scala marca el comienzo de una intensa campaña de atentados contra el Movimiento Libertario y contra la CNT en particular protagonizada por grupos, al parecer de ultraderecha, que se escondían detrás de siglas desconocidas e indescifrables. En aquellos meses se tuvieron noticias de atentados en varias ciudades, sin que la policía demostrara la misma eficacia en detener a sus autores que había demostrado en el caso Scala.

Aparece Gambín

El veintidós de febrero se procesa a once personas acusadas de la autoría del atentado, además de por tenencia de explosivos. Las características de los acusados son bastante similares y responden al prototipo de millares de jóvenes que después de haber pasado su adolescencia bajo el franquismo engrosaban ahora las filas de la izquierda radical; casi todos ellos estaban entre los diecisiete y los veinte años. Pero había una excepción. Un extraño personaje que destaca claramente de los demás. Tiene cuarenta y nueve años y un historial que carece por completo de significación política o sindical, se trata de un vulgar delincuente con una larga lista de condenas –veintiocho en total– por robo, falsificación, estafa y otros delitos todos ellos con el común denominador del lucro como única motivación. Su nombre es Joaquín Gambín alias El Grillo y aunque procesado como los otros, lo será en rebeldía, ya que no ha sido detenido como los demás.

Pero antes de continuar con el relato de los hechos conviene que nos detengamos en analizar a este personaje, clave sin duda en esta historia. La primera noticia que tenemos de Gambín es en el año 1977 en la cárcel Modelo de Barcelona. Allí –según declararía él mismo más tarde–2 fue reclutado por los Servicios Secretos de la Policía como confidente y colaborador, a cambio de librarse de los muchos años de condena que tenía por delante. Mediante una manipulación de su expediente judicial realizada a instancias de esos Servicios Secretos que le relacionan con un grupo de detenidos de la Federación Anarquista Ibérica,3Gambín por arte de magia o por razones de Estado pasa de ser un vulgar chorizo a convertirse en un preso político, gracias a lo cual se beneficia del decreto de amnistía que se promulga ese mismo año y queda en libertad.

De esta manera Gambín, ya libre, empieza a trabajar para la policía a cambio de un sueldo de cuarenta y cinco mil pesetas al mes, más las cantidades que recibía a cambio de las informaciones que facilitaba o de las operaciones en las que participaba. Sus primeros trabajos consistirían en infiltrarse en grupos de orientación anarquista. Hay que recordar que por aquella época el Ministerio del Interior dedicaba buena parte de su tiempo a combatir al Movimiento Libertario; el ministro titular Martín Villa llegó a decir que le preocupaba más el activismo †libertario que el terrorismo de la ETA o del GRAPO,4 lo que no dejaba de ser curioso, teniendo en cuenta la larguísima lista de víctimas –algunas de ellas pertenecientes a las más altas jerarquías del Estado y del Ejército– que esas organizaciones tenían en su haber, mientras que entre las víctimas del activismo libertario no había más que algún autobús, algunos contenedores de basuras y algunas cosas más por el estilo que suelen ser las víctimas habituales de los manifestantes excesivamente fogosos.

Poco después de salir de la cárcel, Gambín se infiltra en un grupo de trabajadores de la SEAT de Barcelona que se hacían llamar nada menos que Ejército Revolucionario de Apoyo a los Trabajadores (ERAT).5 Después de perpetrar algunos atracos de cierta importancia, la policía desarticula el grupo y detiene a todos sus miembros, con la obvia excepción de Gambín que desaparece oportunamente.

Más tarde aparece otra vez en la cárcel Modelo de Barcelona donde se relaciona con uno de los acusados del caso Scala, con el que entabla amistad y, a través de él, con los demás acusados una vez que ambos salen en libertad. En esta época el delincuente habitual apodado El Grillo adquiere una nueva dignidad revolucionaria y pasa a apodarse el viejo anarquista. Con esta nueva imagen, Gambín se integra en el grupo con el que colabora hasta el día en que se produce el atentado. Ese mismo día, tan oportunamente como otras veces, desaparece sin dejar rastro.

NOTAS

1. En su nota la policía atribuía la autoría del atentado a un comando anarquista integrado en la Confederación Nacional del Trabajo que sirve de apoyo en todos sus propósitos a la CNT a la que está íntimamente ligado como brazo armado. Ante esta información la CNT interpuso una querella contra el Jefe Superior de Policía Calleja Peinado que, como era de esperar, no prosperó.

2. Declaraciones hechas por Gambín al fiscal del Caso Alejandro del Toro Marzal tras su detención en Valencia en diciembre de 1981.

3. La CNT, a través de su Comité Pro-presos, pagó la cantidad de 80.000 pesetas en concepto de fianza por la libertad provisional de Gambín.

4. Declaraciones de Martín Villa a la televisión en febrero de 1978.

5. El propio Gambín reconoció su participación en el ERAT tanto en la entrevista que concedió a Cambio 16 en febrero de 1980, como en sus declaraciones ante el fiscal en 1981. Según sus declaraciones, en aquellos momentos necesitaba pasta y buscó un grupo que le diera cobertura política.


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claracion caso "Scala". Libertad detenidos. Amnistia total : Implicados : Carlos Gonzalez Garcia, Emilio Forte Gil, Francisco Martinez Perez

Los retratos de Rosa Lopez Jimenez, Francisco Javier Gascón Cañadas, Myte Fabres Oliveras, José Cuevas Casado, Pilar Alvarez Alvarez, Luis Muñoz García, Arturo Palma Segura




Francisco Granados Data y Joaquín Delgado Martínez









El día 18 de agosto de 1963 la prensa española anunció que en las primeras horas de la mañana, "y con sujección a las formalidades de la ley penal común, ha sido ejecutada la sentencia de pena capital dictada contra los terroristas Francisco Granados Data y Joaquín Delgado Martínez".

Bajo esa hipócrita retórica se encubría el hecho de que dos jóvenes anarquistas habían sido estrangulados por el aro de hierro del garrote vil tras el "enterado" del general Franco y después de un juicio militar sumarísimo que se celebró apenas diez días después de los hechos que se les atribuyeron.

Granados y Delgado habían sido acusados de colocar sendos artefactos explosivos el 29 de julio de 1963 en la Sección de Pasaportes de la Dirección General de Seguridad y en la Delegación Nacional de Sindicatos. El primero de los artefactos, una carga de plástico de doscientos gramos de peso, provocó heridas a una veintena de personas.

Dos días después de los atentados, el 31 de julio, a las 4 de la tarde, Francisco y Joaquín son detenidos, posiblemente a causa de una delación. Apenas tres semanas separaron la vida de la muerte para estos dos luchadores libertarios, sometidos primeros a torturas policiales y después a un juicio carente de garantías en el que son condenados a muerte. El Consejo de Guerra sumarísimo anunciado sólo 48 horas antes de su celebración les condena sin otras pruebas que las declaraciones arrancados bajo tortura, en un juicio lleno de irregularidades que incluyen el hecho de que el defensor no tenía título de abogado. Granados y Delgado negaron cualquier participación en las acciones armadas que se les atribuían y reconocieron ser miembros de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias.

El Consejo Ibérico de Liberación, la organización clandestina anarquista a la cual pertenecían Granados y Delgado, declaró el 11 de agosto ante la opinión pública nacional e internacional que Joaquín Delgado y Francisco Granados eran absolutamente ajenos a los hechos ocurridos el 29 de julio en Madrid, que los autores no habían sido detenidos y que el depósito de armas atribuido a Francisco Granados no había sido utilizado y permanecía intacto al ser descubierto por la policía.

Posteriormente esta misma organización haría público que el material descubierto por la policía estaba destinado a un atentado contra Franco. Sobre estos hechos se ha presentado recientemente en TVE-2, en un intempestivo horario de madrugada, un espléndido documental realizado para una televisión francesa por Lala Gomá. Este importante trabajo histórico cuenta con testimonios directos de los auténticos autores de los atentados de Madrid por los que fueron ejecutados Granados y Delgado así como de alguno de los responsables de la organización a la que pertenecían, entre ellos Octavio Alberola que confirma que la auténtica misión con la que estaban relacionados era la preparación de un atentado contra Franco.
Más allá del descubrimiento de la realidad de unos hechos oscurecidos y desconocidos para muchos españoles, el documental es una aportación de primera fila al conocimiento de los procedimientos del franquismo. Después de casi tres décadas persiste el silencio de la mayoría de los policías y jueces que intervinieron en el asunto. Los autores del documental han constatado, también, la negativa de Manuel Fraga, entonces Ministro de Información y Turismo, a hablar sobre estos hechos. Han contado, sin embargo, con los testimonios sobrecogedores de uno de los jueces y de otros jerarcas militares franquistas. Sus imágenes y sus palabras son extraordinariamente reveladoras, contra la voluntad de sus autores, de la sordidez criminal de esa parodia de legalidad de que se había dotado el franquismo.

El trabajo de Gomá revela un error judicial, pero va más allá de ese aspecto. Tampoco es únicamente un alegato contra la pena de muerte. Este documental es, sobre todo, un testimonio sobre el franquismo. En él se habla de unos hechos olvidados, de la soledad de unos luchadores antifascistas, de la discutible historia de los grupos armados anarquistas pero, sobre todo, del terror cotidiano con el que el franquismo alimentó su dictadura sangrienta.

El año 1963 fue muy importante para la lucha antifranquista, no en vano en dicho año continuaron las movilizaciones mineras asturianas iniciadas en la primavera de 1962. El renacer de la lucha contra la dictadura fue posiblemente uno de los motivos por los que el franquismo quiso "dar un escarmiento" a las nuevas generaciones libertarias que estaban entrando en actividad en aquellos años. También quisieron, probablemente, castigar la campaña contra el turismo en España que venían desarrollando la CNT, la FIJL y otras organizaciones anarquistas.

Después de su muerte, un largo silencio se extendió sobre ellos, silencio que ha llegado a nuestros días. El PCE iba a adquirir durante los años sesenta una amplia hegemonía en la oposición antifranquista, que no había tenido en las dos décadas anteriores, y para el PCE sólo cabía recordar a sus propias víctimas. Algo similar ocurriría diez años después, en 1973, cuando otro joven anarquista, Salvador Puig Antich, fuera ejecutado, también a garrote vil, en otra farsa judicial.

Robert Escarpit escribió en Le Monde (22-8-1963), poco después de las ejecuciones, unas palabras que hay forzosamente que compartir: "Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez han dado su vida por algo pero, como siempre, los verdugos los han ejecutado por nada". Por una nada que era un vacío asesino, la sinrazón de un poder dictatorial. 

Es obligación de todos nosotros recordar que esos dos hombres murieron por algo, por algo tan importante como la libertad, y exigir que la verdad histórica de estos crímenes franquistas sea reconocida oficialmente. 


Artículo publicado en el número 47 de Iniciativa Socialista, diciembre 1997



Periódico Libertad 4 septiembre 1963

Resumen histórico del Grupo pro revisión del proceso Granado ...

Granado y Delgado: Entrevista con Octavio Alberola